En el siglo XIX, tras las guerras independentistas, los nuevos países adoptaron como principio común de demarcación de fronteras el límite administrativo que tenían al momento de su separación de españa, lo que se conoció como el uti possedetis de 1810.
De acuerdo con el diplomático estadounidense Bruce farcau, en su libro The ten cent war, este principio se aceptó por dos razones: como en un comienzo no se sabía qué país de la región se convertiría en el más poderoso, parecía mejor establecer reglas consensuadas que los protegieran a todos. Además una división territorial de esa naturaleza era fácil de aceptar, ya que los estados latinoamericanos estaban geográficamente aislados a principios del siglo XIX. Las sociedades coloniales y post-coloniales tendían a concentrarse en centros urbanos rodeados de zonas agrícolas, separados unos de otros por vastas extensiones inhóspitas e improductivas. No valía la pena, al momento de la independencia, pelearse por dónde por dónde debía pasar la línea exacta de la frontera.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, el crecimiento de la población y extensión de las áreas desarrolladas significaron que estas sociedades dispersas empezaran a unirse en varios puntos. Entonces, las discuciones sobre las fronteras no tardaron en brotar.
El problema del uti possedetis era que los límites entre las unidades administrativas del imperio español no fueron pensados para que se convirtieran en fronteras internacionales. Sus descripciones eran vagas y contradictorias, dado que muchos territorios aún no habían sido siquiera explorados y menos cartografiados. Se basaban en lo que decían los exploradores, en las áreas que habían cubierto en sus expediciones, medidas muchas veces en términos tan imprecisos como "días de viaje" o lenguas, y todo hecho en una época en que la localización de los paralelos y meridianos era un arte impreciso. Esto no fue un problema durante la colonia, ya que existía una autoridad más alta, la corona española, a la que los gobiernos provinciales podían acudir para que resolviera los conflictos, con el colapso del imperio colonial, esta corte de apelaciones desapareció y las partes en disputa quedaron a su suerte.
Surgió una gran cantidad de casos a lo largo del siglo XIX. Por lo general, cada parte intentaba acumular documentos coloniales que apoyaran su reclamo territorial, y a veces derivaban el asunto al arbitraje de una tercera parte. Pero cuando el territorio en disputa era particularmente valioso o estratégico, preferían ir a la guerra.-
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